En los últimos años, el mercado de trabajo español está creando empleo a un ritmo significativo. Sin embargo, el empleo generado en esta etapa de salida de la crisis se caracteriza por un alto grado de precariedad, hasta el punto de que el deterioro de las condiciones de trabajo se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la sociedad española. Los más castigados por este deterioro del mercado de trabajo son aquellos grupos de población que más protección necesitan: los jóvenes, las mujeres, los trabajadores inmigrantes y los trabajadores de más edad. ¿Te gustaría conocer las medidas actuales para combatir la precariedad laboral? Entonces no dudes en seguir leyendo.
Precisamente por esta razón, el gobierno ha decidido adoptar un acuerdo por el que se aprueba el Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2019-2020, con la finalidad de combatir este problema. Se trata de un plan de gran importancia, tanto por sus argumentos como por sus medidas, que a continuación comentaremos. Asimismo, hay que destacar la enorme actualidad de este plan y sus medidas, por cómo afecta la problemática a los españoles.
¿Qué medidas son necesarias para acabar con la precariedad laboral?
El Plan Director incluye un total de 75 medidas (55 operativas y 20 organizativas) para luchar contra el fraude y la precariedad laboral y, a la vez, erradicar las situaciones de abuso. Todas ellas se dirigen a revertir los problemas más graves que presenta nuestro mercado de trabajo en este momento.
Medidas operativas para combatir la precariedad laboral
Para hacer frente a esta problemática se establecen 55 medidas operativas en el marco de 9 ámbitos de actuación. Algunas de las más importantes son las siguientes, aunque hay que tener en cuenta que todas ellas serán puestas en marcha por la Inspección de Trabajo lo antes posible:
- Luchar contra el abuso y el fraude en la utilización de los contratos temporales. Incluye 8 medidas operativas hasta 2020 y un plan de choque contra el fraude en la contratación temporal, entre los meses de agosto y diciembre del presente año 2018.
- Luchar contra los abusos en la contratación a tiempo parcial, los excesos de jornadas y las horas extraordinarias no pagadas ni compensadas. Incluye 4 medidas operativas hasta 2020 y un plan de choque contra la utilización irregular de la contratación a tiempo parcial, entre los meses de agosto y diciembre del presente año 2018.
- Medidas para corregir los incumplimientos en materia salarial y los derivados de la externalización de las actividades. Incluye 3 medidas operativas.
- Protección de derechos de los trabajadores y promoción de la igualdad. Incluye 20 medidas operativas.
- Refuerzo de la lucha contra la economía irregular, con 8 medidas operativas para alcanzar ese objetivo.
- Afrontar las nuevas modalidades de prestación del trabajo (respecto de las plataformas digitales y el comercio electrónico).
- Abogar por los derechos laborales de los becarios y regularizar la situación de los trabajadores que se encuentren bajo la figura de ‘falso becario’, a través de 2 medidas.
- Reforzar las actuaciones para reducir la accidentalidad y morbilidad laboral. Incluye 4 medidas.
- Garantizar los derechos sindicales para luchar contra la precariedad laboral, a través de 3 medidas.
Medidas organizativas para combatir la precariedad laboral
Son las siguientes:
- Reforzar los medios humanos y materiales del Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
- Puesta en marcha efectiva del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
- Potenciación de la Herramienta de Lucha contra el Fraude (HLF).
- Modernización de los procedimientos de gestión de la Inspección de Trabajo.
- Refuerzo de la colaboración y la coordinación institucional.
- Buzón de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
- Reforzar la cooperación en la lucha contra la precariedad y el fraude Internacional.
- Plan de comunicación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, para dar a conocer a todos los agentes este Plan Director.
Como puedes ver, son muchas las medidas que se pueden adoptar para frenar la precariedad laboral y, en el caso de las medidas operativas, son también las empresas las responsables de llevarlas a cabo.